El Tribunal Supremo rechaza ampliar judicialmente la indemnización por despido improcedente, pero con ello podría haber reabierto un debate de fondo: el papel del legislador ante los compromisos internacionales asumidos por España. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (TS), nº 736/2025, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social, ha cerrado la puerta a la posibilidad de reconocer judicialmente una indemnización adicional a la prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) tras un despido improcedente. Sin embargo, más que clausurar el debate, la sentencia lo ha desplazado al terreno político y legislativo.