El Gobierno negocia con los sindicatos la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración General del Estado. Analizamos el estado de las negociaciones, qué colectivos quedarán incluidos o excluidos, el procedimiento de aprobación previsto y las implicaciones jurídicas de esta reducción horaria en el empleo público.